El Informe oficial de la Fiscalía sobre el caso que enreda a Temistocles Ortega.
La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación en contra del exgobernador de Cauca, Temístocles Ortega Narváez, como posible responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
El exmandatario departamental estaría involucrado en posibles anomalías en el trámite y celebración del contrato N°1040 del 25 de agosto de 2014, suscrito con la Fundación EDICOL por un valor cercano a los 2.600 millones de pesos, y cuyo objeto era la ampliación en 200 metros de la pista de aterrizaje del aeropuerto municipal de López de Micay (Cauca).
El material de prueba obtenido por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia indica que el proyecto habría sido soportado con estudios de suelos falsos e inconsistencias en los cálculos de diseño de las alcantarillas.
Asimismo, se estableció que no se gestionaron los permisos ambientales ni las autorizaciones previas ante la Aeronáutica Civil para avanzar con las obras, entre otras acciones irregulares en el proceso de contratación.
Para la Fiscalía, el entomces gobernador de Cauca entre 2012 – 2015, como ordenador del gasto y representante del departamento, desatendió de manera libre, consciente y voluntaria los principios de economía y responsabilidad propios de la contratación estatal.
Por estos hechos, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia había vinculado al exmandatario, a través de indagatoria realizada el 6 de julio de 2022, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad en documento privado y peculado por apropiación, en razón a su condición de senador de la República en ese momento.
Luego de terminar el periodo en el Congreso, el expediente pasó a la Fiscalía. En ese sentido, se realizó la actividad investigativa y los análisis de los elementos recaudados, y se encontró mérito suficiente para acusar al exgobernador Ortega Narváez por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y solicitar la preclusión de las conductas de falsedad en documento privado y peculado por apropiación.
