‘Universidad pública es la que puede construir la paz’: presidente Petro al promulgar reforma financiera en educación superior
¿Qué cambia realmente para las universidades públicas con la nueva Ley 2568?
El presidente Gustavo Petro promulgó en Popayán la Ley 2568 de febrero de 2026, una normativa que reforma la histórica Ley 30 de 1992 y transforma de raíz el modelo de financiación de la educación superior pública en Colombia.
Para entender el impacto de esta nueva ley, es fundamental comparar cómo se financiaban las universidades antes y cómo se hará a partir de ahora:
El modelo anterior: Atado al costo de vida Hasta la firma de esta nueva ley, los recursos asignados a las universidades públicas crecían cada año basándose en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El gran problema de este modelo era que el IPC mide el aumento de bienes comunes como alimentos, transporte o arriendos, pero no refleja los costos reales de la educación. Es decir, el presupuesto subía al ritmo de la canasta familiar, ignorando lo que realmente cuesta sostener un laboratorio, modernizar la infraestructura, financiar investigaciones o pagar la nómina docente.
El nuevo modelo: Financiación basada en los costos reales de la educación Con la entrada en vigencia de la Ley 2568, el presupuesto universitario cambia drásticamente en dos aspectos clave:
- Nuevo indicador (ICES): El aumento de los ingresos ahora estará ligado al Índice de Costos de la Educación Superior (ICES). Este es un referente diseñado específicamente para medir y reconocer los gastos propios que requiere el funcionamiento y crecimiento de una universidad.
- Aumento presupuestal histórico: La fórmula matemática para inyectar recursos cambia radicalmente. Mientras que en el pasado los movimientos estudiantiles exigían aumentos del IPC + 4 puntos, la nueva ley establece un ajuste histórico del IPC + 30 puntos, multiplicando significativamente el presupuesto asignado.
¿Para qué es la plata adicional? La ley establece que estos nuevos y millonarios recursos no son solo para tapar huecos financieros del pasado, sino que tienen cuatro objetivos obligatorios:
- Ampliar la cobertura: Garantizar que más jóvenes puedan ingresar a la universidad sin la barrera del dinero (la meta del Gobierno es llegar a medio millón de nuevos cupos).
- Cerrar brechas regionales: Llevar educación pública de calidad a los departamentos y zonas periféricas del país.
- Formalización laboral: Mejorar las condiciones de contratación y estabilidad de los profesores y trabajadores administrativos.
- Infraestructura: Modernizar y ampliar la capacidad instalada física y tecnológica de las instituciones.
En resumen, la reforma independiza a las universidades públicas de la inflación general y les otorga, por primera vez, una financiación basada en sus necesidades reales de expansión y calidad académica.
