El exdocente Milton Javier López García, quien denunció presuntas irregularidades en la obtención de títulos de abogados en la Universidad del Cauca, respondió al fallo de primera instancia de la Procuraduría General de la Nación que le impuso destitución e inhabilidad general por 19 años por conductas relacionadas con acoso sexual contra estudiantes y un acto sexual violento. En declaraciones entregadas a Énfasis.co, asegura que las denuncias en su contra serían una retaliación por haber denunciado un fraude que, según afirma, involucraría a más de 170 personas. También cuestiona la valoración de las pruebas, señala a una exprocuradora regional y sostiene que uno de los hechos atribuidos habría ocurrido durante el aislamiento obligatorio por la pandemia. La decisión es apelable y aún no está en firme.

El denunciante del presunto fraude académico

En 2019, López García hizo públicas presuntas irregularidades en los exámenes preparatorios de la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca. Advirtió que estudiantes que no habrían presentado o aprobado determinadas pruebas aparecían con calificaciones satisfactorias en el sistema académico SIMCA y señaló posibles pagos para modificar registros y facilitar la obtención de títulos profesionales.

El exdocente sostiene que su denuncia involucró a más de 170 personas y que las actuaciones posteriores del Consejo de Estado, relacionadas con la suspensión provisional de títulos de abogados, generaron consecuencias personales en su contra.

En su reciente pronunciamiento afirma: «Denuncié un fraude de más de 170 personas que conllevó a la anulación de sus diplomas y tarjetas profesionales de abogado». Según su versión, las denuncias disciplinarias posteriores estarían relacionadas con las consecuencias de haber expuesto esas presuntas irregularidades.

La investigación y el fallo disciplinario

La Procuraduría adelantó una investigación contra López García por conductas de acoso sexual atribuidas al docente contra diez estudiantes, en hechos ocurridos entre 2009 y 2023, y por un acto sexual violento contra otra estudiante.

Tras valorar los elementos probatorios incorporados al expediente, el organismo de control declaró probados dos cargos disciplinarios gravísimos e impuso destitución e inhabilidad general por 19 años.

La decisión también ordenó remitir copias a la Fiscalía General de la Nación para su incorporación al proceso penal correspondiente y trasladar documentación para examinar posibles omisiones institucionales en la atención de las denuncias.

Se trata, sin embargo, de un fallo de primera instancia que puede ser apelado. La sanción no está en firme y el profesor conserva el derecho a controvertir las conclusiones de la Procuraduría.

Señalamientos contra una exprocuradora regional

En su respuesta, López García ubica el origen del conflicto en una controversia con María Fernanda Figueroa, quien se desempeñó como procuradora regional y también es docente de la Universidad del Cauca.

El exprofesor afirma que la situación comenzó después de que ejerciera su derecho de rectificación frente a publicaciones que consideró deshonrosas. En su pronunciamiento sostiene que Figueroa habría promovido la participación de personas que posteriormente declararon en su contra y que habría difundido comentarios relacionados con las denuncias dentro de la Facultad de Derecho.

«Todo se inicia cuando ejerzo mi derecho de rectificación frente a publicaciones deshonrosas hechas por la exprocuradora regional María Fernanda Figueroa, quien en lugar de contestar mi inquietud, organiza todo un grupo de presuntas víctimas para que declaren en mi contra», manifestó.

También aseguró haber sido víctima de supuesto acoso laboral horizontal y señaló que la exfuncionaria figura como quejosa en el expediente disciplinario.

El episodio del 20 de abril de 2020: su argumento sobre la pandemia

Otro de los puntos que el exdocente considera centrales en su defensa tiene que ver con la fecha de uno de los hechos que, según afirma, le fueron atribuidos durante el proceso disciplinario.

López García sostiene que algunas de las denunciantes señalaron que habría cometido actos de acoso en un salón de la Facultad de Derecho el 20 de abril de 2020. Frente a esa acusación, argumenta que para ese momento el país se encontraba bajo medidas de aislamiento obligatorio por la emergencia sanitaria del COVID-19.

En su pronunciamiento manifestó:

“Por ser un docente cumplidor de mi labor con calidad, exigente en aspectos académicos y de asistencia a clases, abogado en ejercicio con renombre en la comarca y en aras de formar abogados con responsabilidad social; personas que no toleran la frustración, confunden la exigencia académica con acoso; con miras a eludir la evaluación interponian recusaciones que nunca prosperaron, dando pie a chismes de pasillo. Ya desde la 2a guerra mundial se afincar el lema “crea una mentira y repitela mil veces y el mundo pensará que es verdad”

Todo se inicia cuando ejerzo mi derecho de rectificación frente a publicaciones deshonrosas hechas por la exprocuradora regional Maria Fernanda Figueroa, (declarada insubsistente en ese cargo) quien en lugar de contestar mi inquietud, organiza todo un grupo de presuntas victimas para que declaren en mi contra. De figueroa también he recibido acoso laboral horizontal, pues ha sido la multiplicodora dentro de la facultad de derecho, de chismes de pasillo relativas al acoso, recordemos que en el expediente figura como quejosa y es docente de la Universidad del Cauca.

Denuncié un fraude de mas de 170 personas que conllevó a la anulacion de sus diplomas y tarjetas profesionales de abogado; es asi como en noviembre de 2022 el Consejo de Estado publica la suspension de un buen nimero de abogados egresados de la univesidad del cauca, lo que generó en mi contra consecuencias personales orquestadas por los afectados a quienes se une un grupo de personas, que amparadas en la sombra de hacerse víctimas, valiéndole de injurias, mentiras y calumnias logran instrumentalizar el sistema para hacer daño retaliativo. Mírele que la fecha de la queja es de inicios de diciembre de 2022.

Se siente desazon e impotencia ante la involucion de la valoración probatoria desplegada por la procuraduria, que no tuvo en cuenta los múltiples testimonios que en mi defensa fueron arrimados al debate, los que claramente deja sin piso los afirmado por la presuntas victimas; atreviendose algunas a afirmar que las acosé de forma personal en un salón de la facultad de derecho el 20 de abril de 2020, cosa imposible de que sucediera, por cuanto en esa fecha todo el país estaba en aislamiento social y confinado en sus casas.

El ente de control pasó por alto figuras como la prescripción, la caducidad y el indubio pro investigado y no valoró la actitud mitomana y libreteada de quienes se dicen victimas algunas de ellas involucradas en el fraude; y procedió a dar gusto a la presión de las redes sociales para imponer una sanción al denunciante.

Como abogado litigante, lamento mucho el fenómeno de juzgar personas en las redes sociales, lo que aparta a los jueces de los cánones de la sana crítica, la verdadera valoración probatoria y una justicia justa apegada a la realidad de los acontecimientos.

Cabe destacar que cada vez que se daban resultados por parte del Consejo de Estado en los procesos de anulacion de diplomas, saliera mi nombre a adornar las paredes de la ilustre ciudad blanca con adjetivos de acoso.

Mis detractores siempre hablaron de múltiples denuncias, sin que en todo el tiempo estas existieran, para lo cual se puede consultar el historial en control interno. Mirese como en el ente de control se deja llevar por rumores y presion mediática para generar una exagerada sanción, para lo cual no se tuvo en cuenta la ausencia total de antecedentes disciplinarios.

Cabe preguntarse, que sucedió con los 7 u 8 funcionarios administrativos de la universidad del Cauca que resultaron implicados en el fraude a los preparatorios; todos siguen en sus cargos, incluso mejor ubicados sin que la justicia penal ni la disciplinaria los toque.

Lo mismo sucedió con quienes hicieron fraude cambiando calificaciobes para graduarse, a ellos el manto de la justicia penal aún no les toca; algunos ejerciendo cargos en la administración pública, incluso en la misma procuraduria.

Que casualidad, algunas de las presuntas victimas, como la señora Alejandra Fuertes, sancionada con anulación de su diploma por parte del Consejo de Estado; hoy se ufane en sus redes publicando que se hizo justicia.

Debe aclararse que es solo la primera instancia y queda por delante todo un recorrido juridico, durante el cual se me debe respetar mi presunción de inocencia y mi buen nombre.

Debo manifestar que no soy ajeno a las denuncias penales, porque muchos de quienes son derrotados por mi gestión en los estrados judiciales, después de perder optan por denunciarme penalmente.

Triste conclusión, en este país quien denuncia corrupción, termina denunciado o muerto.

Solo queda citar la frase de Cesar Augusto Londoño pronunciada en la televisión nacional cuando mataron a Jaime Garzon; “País de mierda”

Cuestiona las pruebas y habla de retaliaciones

López García también sostiene que la Procuraduría no tuvo en cuenta los testimonios aportados por su defensa y que dejó de considerar figuras jurídicas como la prescripción, la caducidad y el principio de in dubio pro investigado.

A su juicio, la decisión estuvo influenciada por la presión de las redes sociales y por señalamientos que, según afirma, se difundieron en la ciudad cada vez que avanzaban los procesos relacionados con la anulación de títulos profesionales.

El exdocente cuestiona además que funcionarios administrativos y personas vinculadas al presunto fraude académico no hayan enfrentado, según su versión, consecuencias disciplinarias o penales equivalentes. También menciona a una persona que, afirma, habría sido sancionada con la anulación de su diploma y que posteriormente celebró públicamente el fallo en su contra.

López García asegura que no tenía antecedentes disciplinarios y considera desproporcionada la sanción impuesta.

El fallo en 1 Instancia

Antecedentes y documentos relacionados

• El Espectador: investigan a estudiantes de Derecho por presuntos pagos para alterar notas en Unicauca
• Semana: más de 60 estudiantes habrían pagado para obtener su título de abogados
• Caracol Radio: Unicauca pidió anular más de 140 títulos a egresados por presunto fraude
• Universidad del Cauca: informe de revisión del caso de presunto fraude en exámenes preparatorios
• Procuraduría: formulación de cargos contra docente de la Universidad del Cauca
• Semana: información sobre el fallo disciplinario contra el exdocente